El Poder Judicial del Estado liberó dos órdenes de aprehensión contra la ex tesorera de la administración de Eduardo Bours, Paola Vanezza García Estrada, y su asistente particular Dulce María Huerta Meza, por los delitos de uso indebido de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público, peculado y falsificación, por un monto 186 millones de pesos.
Funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Hacienda Estatal, en el sexenio de Eduardo Bours, afectaron según evidencias al erario público en 2009 a través de acciones ilícitas como la utilización de nombres falsos para aperturas de cuentas bancarias y cobro de cheques.
Luego de casi dos años de investigaciones ministeriales sobre el caso conocido como “chequegate”, se acreditó que Paola Vanezza García y Dulce María Huerta son las presuntas responsables de cobrar de manera ilegal, durante 2009, año electoral, 74 cheques entre los meses de febrero y julio, que dieron un importe total de 186 millones de pesos.
El Contralor General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, explicó que, para sacar el dinero de las arcas del Estado, se alteró el proceso contable, llamado Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF), a través del cual se emitieron los cheques.
“Esos cheques fueron endosados, obviamente que esa firma endosada era firma falsificada, por lo que se solicitó que se hiciera una investigación grafoscópica para determinar quién podía ser el implicado y fueron los peritos de la Procuraduría los que determinaron qué persona había hecho todos los endosos”, reveló Carlos Tapia.
De acuerdo a la evidencia que obra en el expediente judicial, la ex Tesorera del Estado, Paola Vanezza García Estrada, quien dependía directamente del ex Secretario de Hacienda, Gilberto Inda Durán, fue quien autorizó el cobro de los 74 cheques que se emitieron durante el 2009, y era ella misma quien recibía el dinero en efectivo de manos del coordinador de área de la Tesorería del Estado.
Triangulaban la operación
Según la declaración de los servidores públicos involucrados en el “chequegate”, y de acuerdo a las pruebas recabadas hasta hoy por peritos y en poder de la PGJE, la presunta operación ilícita para llevar a cabo el desfalco, constó de siete pasos.
Primero, la ex tesorera Paola Vanezza autorizó al entonces coordinador general del SIIAF, César Fabián García Treviño, que creara una cuenta con el nombre ficticio de Mónica Rodríguez Jiménez.
En segundo lugar, una persona no identificada usó la cuenta de la persona ficticia, Mónica Rodríguez, para sacar los cheques a nombre de 5 empleados diferentes de la Secretaría de Hacienda.
En tercer lugar, las personas cuyos nombres fueron utilizados para cobrar los cheques, según su declaración ministerial, desconocían la comisión de este delito.
En cuarto lugar, una persona no identificada es quien falsificó los endosos de los cheques y los entregó a un empleado para que fueran al banco a cambiarlos por dinero en efectivo.
En quinto lugar, Paola García o Dulce María Huerta, se comunicaban con los funcionarios bancarios, para cerciorarse de que contaran con la suma de dinero requerida para cambiar el cheque, cifra que oscilaba entre 1 y 3 millones de pesos.
En sexto lugar, un empleado del área bajo las órdenes de la ex tesorera, acudía a la institución bancaria a cambiar el cheque por efectivo y lo depositaba en maletas para transportarlo a las oficinas de la Secretaría de Hacienda Estatal.
Y en séptimo lugar, la ex tesorera Paola García recibía el dinero en efectivo, sin que hasta el momento se tenga claro qué se hizo con el dinero.
Prófuga de la justicia
La ex tesorera de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Eduardo Bours, Paola Vanezza García Estrada, se encuentra prófuga de la justicia, luego de que el Poder Judicial liberara una orden de aprehensión en su contra por los delitos de uso indebido de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público y peculado por 186 millones de pesos al erario público.
“Para probarlo ante la justicia, se tuvo primero qué obtener la documentación original, se mandaron peritos a México a ver los cheques y se les hicieron las pruebas periciales. También se les tomó la declaración a los funcionarios bancarios que corroboraron todos estos hechos y a los mismos funcionarios de la Secretaría de Hacienda”, reveló el contralor Carlos Tapia.
Agregó que, tras integrar un expediente de miles de hojas, donde se prueba y se corrobora paso por paso cómo se orquestó el “chequegate”, y donde se acredita la presunta responsabilidad de la ex tesorera Paola Vanezza, en complicidad con Dulce María Huerta, se turnó ante el ministerio público del Fuero Común, para que a su vez fuera turnado al Poder Judicial y solicitar las dos órdenes de aprehensión, las cuales fueron concedidas.
Durante la investigación, agentes de la PGJE acudieron al domicilio de Paola Vanezza, en la calle Santo Tomás #45, de la colonia San Ángel, en Hermosillo, para notificarla de las denuncias en su contra, pero no la encontraron, por lo que le dejaron un aviso.
Días después se presentaron dos abogados en las oficinas de la Contraloría Estatal, a nombre de la ex funcionaria involucrada en el proceso administrativo, pero cuando llegó el día para que Paola García se presentara ante el ministerio público para rendir su declaración por las imputaciones de tipo penal, tampoco hizo acto de presencia.
Aplican sanciones administrativas a dos funcionarios más
Por seis años fueron inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda Estatal, implicados en el “chequegate”.
Los ex servidores públicos sancionados administrativamente son Alejandro Leal Beltrán, ex director general de Control de Fondos y Pagaduría, y Edgar Prendas Sandoval, quien desempeñaba un puesto de director en la Tesorería del Estado, ambos en el sexenio de Eduardo Bours.
El Contralor General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, informó que tanto a Alejandro Leal como a Edgar Prendas, se les comprobó que tuvieron una participación directa en el cobro de los cheques millonarios, por lo que hasta el momento han sido sancionados por la vía administrativa, quedando pendiente la de tipo penal.